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El sistema está agotado: al renunciar al compromiso social de la revolución, por deficiente que fuera, el gobierno abandonó el deber de la justicia y la vigilancia de los derechos humanos para concentrarse en su única meta: el proyecto económico. Reducido al ejercicio de compra-venta y contratación bajo el vicio del tanto por ciento, el que fuera Poder bajo la fórmula presidencialista, trasmutó en administrador interesado no de los bienes de la nación porque ya no existen, sino de negocios contraídos sexenio a sexenio bajo el engañoso propósito de procurar fuentes de trabajo y bienestar para el grueso de la población. Una vez encumbrado en la correlativa red de corruptelas, el poder (con minúscula) arrastró en su degradación la presencia del Estado.
Este cambio, transparente desde los significativos asesinatos contra Colosio y Ruiz Massieu y confirmado en los acomodos del Libre Comercio, trajo consigo no solo el declive de las instituciones, empezando por los poderes Judicial y Legislativo, sino la rápida descomposición de la sociedad que favoreció el ascenso de varios fenómenos nocivos: el encumbramiento en complicidad del crimen organizado, la partidocracia millonaria a costa de subsidios, un consumismo enganchado a plazos por pagar (como en la tienda de raya, aunque no de productos básicos), el correlativo fracaso de la recaudación fiscal y el enriquecimiento de un puñado de empresarios, comerciantes, banqueros y vivos complementarios. Las fortunas súbitas y desmesuradas extremaron la desigualdad, radicalizaron el descontento de la mayoría marginada y extendieron el mapa de la pobreza en límites de miseria. El resultado, como era de esperar, está a la vista.
La situación en la que hemos caído no es un misterio. Algunos lo vimos venir y lo manifestamos públicamente, pero hay que reconocer que los mexicanos carecen de memoria y conciencia ciudadana; por consiguiente, la crítica no funciona como advertencia: solo cobra sentido cuando los inconformes buscan eco a sus querellas. Tuvieron que explotar evidencias reiteradas y pavorosas para que la mayoría despertara de su letargo conformista. Aun así y no obstante la gravedad de sucesos impunes y sin aclarar, como la proliferación de fosas clandestinas, la muerte de decenas de niños en el incendio la guardería y la reciente tragedia en Guerrero, por citar algunos ejemplos, el sistema se mantiene firme en su propósito de no rectificar, así como de continuar encaramado en su ideal financiero y en la costumbre de dejar que los conflictos se agoten por olvido, fatiga, frustración o “arreglo a la sombra”.
Desacreditados, aunque no aniquilados, los partidos políticos mientras tanto y con la mira en los procesos electorales, dan saltos mortales para acarrear agua a su molino. Prueba añadida de su ineptitud y ausencia de ideario, ninguna facción advierte que algo importante se está moviendo y que, agitadores o no, sus procedimientos habituales ya no funcionan. Aunque aún ignoremos hacia a dónde y cómo se dirigen las ondas expansivas de inconformidad, es innegable que la sociedad, al fin, está despertando y que no será con este Congreso, ni con el Poder Judicial existente ni con los negocios partidistas de donde habrán de surgir indicios de cambio.
Hace sexenios, por otra parte, los presidentes optaron por rodearse de funcionarios mediocres en atención a sus intereses. Sin inteligencia política, los miembros del Gabinete cayeron en la trampa del miedo a la legalidad ya que, de aplicarla, se someterían ellos mismos al ajuste de cuentas. Al Sistema, de tal modo, le ocurrió lo que al prepotente que envejece mal, extrema sus defectos y, cruel si los hay, se convierte en el ahuizote o el estorbo de la casa. No hay vitamina que lo levante, pero no suelta el cetro ni sus relaciones perversas; tampoco acepta razones ni se muere porque conserva saldos de dominio, aunque se limiten a lo económico. Convencido de que nadie a su alrededor puede sustituirlo, no gobierna ni prepara a los demás para su partida. Tampoco los afectados, entretenidos en el lamento, disponen condiciones ordenadoras para una transición democrática, fundada en el municipio y el ejercicio ciudadano.
Hasta hoy, hay más problemas que alternativas de solución. Las fuerzas en posesión del control armado tienen al país contra las cuerdas: el ejército, aún quieto por fortuna, el crimen organizado y una poderosa red de corruptelas en connivencia. El peligro es inminente. ¿Qué sigue? Es la pregunta que flota en el aire. Cómo, con cuáles dirigentes y sobre qué fundamentos internos y externos subsanar una sociedad dividida económica y culturalmente es la duda que nos lleva a cuestionar lo posible y probable del cambio que todos deseamos.
Por primera vez los mexicanos estamos de acuerdo, salvo que el consenso no es alentador. Como en las postrimerías del Porfiriato, todas las quejas son válidas y justificables. Todos compartimos algo de razón al ejercer la crítica “al calor de la estufa”, como gustaba decir Alfonso Reyes. Y todos tenemos argumentos para insistir en que “la dictadura perfecta” ha llegado a su fin. Sin embargo, la inconformidad manifiesta es más propicia a la anarquía que a la reconstrucción de las ruinas. El desbarajuste es tan real que empeora día tras día y nadie lo puede parar. Así comienzan las sublevaciones, se desarrollan al azar y, salvo en los ejemplos de represión extrema, no hay quien pueda predecir cómo terminan.
Hay que insistir en que ningún poder renuncia a sus privilegios de manera voluntaria. Aun en las democracias quienes lo ostentan se aferran a sus cenizas, hasta que se impone la legalidad, cuando se hace insostenible la presión ciudadana. Sin instituciones confiables la transición es inviable. Estamos perdiendo un tiempo precioso al abundar en la obviedad del conflicto. Es inaplazable concentrarnos en una segunda fase para crear un nuevo Estado, que será democrático y moderno o no será. Rescatar el municipio es indispensable: sin él, lo demás está condenado a la repetición de los vicios. En una crisis como la actual, sin justicia, sin educación mayoritaria de calidad, sin organización ciudadana ni propuestas políticas ni proyectos a mediano y largo plazo para la juventud y la infancia, la economía preferente seguirá imponiendo sus propias leyes.
En el surgimiento de la inteligencia política se cifra el dilema. Sin ella, no atinaremos con la ingeniería social que procura los instrumentos de organización ciudadana y democratizadora. La construcción del futuro, como lo demuestra la historia, no ofrece segundas ni terceras oportunidades. Carecemos aún de elementos para fundar otra fase en la historia contemporánea del poder que, por necesidad, ya no podrá ceñirse a intereses personales. Insistir una, otra y otra vez en el cumplimiento de la justicia; una y otra vez en el deber de educar, una y mil veces llamar a cuentas a los gobernantes y exigir sanciones cuando se requieran, repetir hasta la fatiga en qué consisten los derechos y las libertades para hacerlos valer. En el despertar de la sociedad, finalmente, descansa la solución que anhelamos.